En el curso de los últimos decenios, la emancipación femenina ha conocido algunos avances. Pero estamos muy lejos de la verdad, sobre todo en los países del Sur.

Ocho años después de la Conferencia internacional de las mujeres de Pekín de 1995, dos años y medio después de la sesión especial de la Asamblea general de las Naciones Unidas sobre la puesta en marcha del plan de acción de esta conferencia, las razones para alegrarse son bien escasas. Se han registrado algunos avances, como las medidas para asegurar la igualdad política y la participación de las mujeres en las decisiones, o en las reformas de las disposiciones discriminatorias en los códigos civiles o penales.

Pero, además del hecho de que estos avances siguen siendo desiguales y ampliamente limitados al estado de buenas intenciones, también han ido acompañados de una creciente marginalización económica de la mayoría de las mujeres y de la persistencia de la violencia con respecto a ellas. En numerosos casos, el principio de igualdad cívica, la idea de la paridad han hecho su camino. Diversos Estados han emprendido o bien reformas legales y eliminado ciertas medidas discriminatorias en el código de la familia o penal, o bien empezado un debate sobre estas reformas.

Que el terreno de la igualdad se haya convertido en objeto de una mayor atención y de medidas positivas no es en sí nada sorprendente. Esto refleja la evolución general que ha caracterizado el respeto por los derechos humanos después del fin de la segunda guerra mundial. Y en particular, el interés privilegiado admitido en los derechos políticos y cívicos en detrimento de otros derechos, económicos, sociales o culturales. Sin embargo, en este desequilibrio, las mujeres han sacado, progresivamente y casi en todas partes, el derecho de voto y el de ser reconocidas en los textos como ciudadanas de pleno derecho.

Pero, al igual que las minorías étnicas o religiosas por ejemplo, ellas no se hubieran beneficiado tanto de esta evolución si no hubiera habido otros cambios, en particular el hecho de tener en cuenta diferencias en la definición y la puesta en marcha de los derechos políticos y cívicos. En el curso de esta segunda etapa, que debe mucho al movimiento de los derechos cívicos de los Estados Unidos y al de los intocables en la India, los movimientos sociales y ciertos gobiernos se han concentrado en el impacto que el “género” o la pertenencia étnica puede tener sobre la capacidad de las ciudadanas y los ciudadanos de gozar realmente de sus derechos y de participar en la vida democrática. Tal como lo explica el filósofo Jürgen Habermas, “ los derechos pueden dar a las mujeres el poder de forjar sus vidas únicamente si estos les permiten también una participación igual en la autodeterminación cívica, porque sólo las mismas mujeres pueden decidir aspectos pertinentes que definen la igualdad y la desigualdad en un ámbito dado ”.

Los principios de igualdad política y cívica nacidos de este paso están fundados en la idea de participación sin discriminación, pero también en la de una representación igual o paritaria. Paralelamente, o en consecuencia, la igualdad en este ámbito ya no ha sido considerada como el resultado mecánico o una función de la igualdad económica, sino como un lugar casi autónomo de reivindicaciones y una necesidad en sí. A este cambio de actitud de numerosas organizaciones de mujeres se ha añadido un cálculo pragmático: lo político y lo jurídico ofrecen más posibilidades de reformas que la economía. Sin embargo, incluso en este sector, el balance global está lejos de ser positivo. La lectura de los informes de Amnistía Internacional confirma la persistencia de las violaciones de los derechos políticos y cívicos de las mujeres como de los hombres, o las que sufren específicamente las mujeres.

Por otra parte, a pesar de la importancia atribuida a la igualdad política y al funcionamiento democrático, a pesar del trabajo continuo de los grupos de mujeres para hacer que esta igualdad se conjugue también en lo femenino, la participación y la representación de las mujeres en el seno de las instancias de poder siguen siendo débiles. Así, al 42,7% de mujeres en el seno del parlamento sueco y al 30% en Mozambique y en África, se opone el 18% del Reino Unido, el 12% en Francia, y el 8,7% en Grecia…

Las razones de este estado de hecho varían, claro está, de un lugar a otro. El informe de síntesis de las Naciones Unidas y numerosos informes gubernamentales desarrollados en el cuadro de la conferencia “Pekín más cinco” acentúan la persistencia de una ideología patriarcal, caracterizando, entre otros, la división del trabajo doméstico: la igualdad estaría parada porque las mujeres tienen hijos, los educan y cocinan… Uno se pregunta si los países escandinavos están al borde de una extinción demográfica… Uno también se pregunta si en la mayoría de países existe una voluntad política real para superar estos obstáculos y para asegurar tanto en los textos como en los hechos el principio de igualdad política y cívica.

Podemos citar, entre tantos otros ejemplos, el del gobierno americano que no siempre a ratificado la Convención contra toda forma de discriminación con respecto a las mujeres, y el del Parlamento kuwaití que ha rechazado acordar el derecho de voto a las mujeres. Esta igualdad también ha sido ridiculizada en Jordania, cuando el Parlamento ha votado por segunda vez contra una enmienda del artículo 340 del código penal que reduce la pena impuesta a un homicida acusado de un “crimen de honor”. Paralelamente, y en el ámbito económico y social, el informe de las Naciones Unidas ha establecido que la globalización (entendida como desregulación y liberalización de los mercados financieros y del trabajo) ha acentuado las desigualdades a escala nacional e internacional: “ Crecientes desigualdades en las situaciones económicas entre y en el interior de los países, añadidas a una dependencia económica progresiva de los Estados con relación a factores exteriores han obstaculizado su capacidad de asegurar una protección social y la puesta en marcha del programa de acción; la creciente feminización de la pobreza mina los esfuerzos por asegurar una mayor igualdad entre los sexos .”

Así, la globalización ha tenido un impacto negativo sobre las funciones reproductivas de las mujeres, provocado en gran parte por la disminución de los presupuestos nacionales atribuidos a la salud y/o por la privatización de los servicios médicos. Ésta también se ha traducido en varios ámbitos, sobre todo en los sectores de mano de obra femenina, por una disminución de los costes salariales y de la seguridad social. Según cifras de la Confederación internacional de los sindicados libres (CISL), durante la crisis asiática de 1998, el 80% de los dos millones de personas que perdieron su empleo en Tailandia fueron mujeres. El informe provisional de las Naciones Unidas también deja entrever que las prácticas ligadas a la globalización se han apoyado en una ideología patriarcal que existía anteriormente pero que la globalización ha sabido integrar, si no la ha reforzado.

Así, tres de los fenómenos ligados a la globalización – la multiplicación de los “ sweat shops ” (talleres de subcontratación), empleos a tiempo parcial y las más precarias formas de trabajo – afectan ante todo a las mujeres, sobre todo a las del Sur e inmigradas: la globalización ha sabido incorporar y utilizar una división del trabajo y un sistema de valores que se basa, entre otros, en la devaluación de las funciones ocupadas por las mujeres.

Los informes nacionales y el informe de síntesis atribuyen el fracaso de los gobiernos en la puesta en marcha del programa de acción de Pekín a su incapacidad, resultante de la misma globalización. Desde luego, no se puede ignorar la influencia del contexto socio-económico global cuyo dominio escapa con frecuencia a los Estados a los que incumbe precisamente la tarea de hacer aplicar los derechos humanos, en general, económicos y sociales, en particular.

Pero también es necesario subrayar que el fracaso de los gobiernos en este ámbito no es nuevo y que los factores políticos, en primer lugar la guerra fría y la polarización ideológica, los han confinado durante largo tiempo a la marginalización. Nada sería, por lo tanto, más desmovilizador que subordinar el respeto de los derechos humanos de las mujeres (como de los hombres) al fin o a la auto-destrucción de la globalización. La historia de la humanidad demuestra que no existen circunstancias político-económicas perfectas para su realización. Desde ahora hay iniciativas posibles, que pueden articularse alrededor de dos grandes polos: la reafirmación de las obligaciones internacionales de los Estados y de su rol político; una mejor definición y conocimiento de las responsabilidades y obligaciones de los contribuyentes privados de servicios ejerciendo actividades con fines lucrativos y no lucrativos; y en particular, la elaboración detallada de las obligaciones internacionales de las grandes sociedades y de las instituciones financieras internacionales en materia de derechos humanos.

El segundo polo es objeto de una creciente pero reciente atención. Se trata en primer lugar de conocer mejor las incidencias de la progresiva participación de los actores del sector privado en la puesta en marcha de los derechos de las mujeres y chicas jóvenes, y de reconocer que los actores, bien se trate de empresas o de organizaciones no gubernamentales, tienen responsabilidades.

Así el Comité de los derechos económicos, sociales y culturales menciona específicamente las responsabilidades del sector privado, señalando en particular, en el parágrafo 42, que “ sólo los Estados pueden integrar el Pacto y por lo tanto asumir a fin de cuentas la responsabilidad de respetarlo, pero todos los miembros de la sociedad – los particulares (de los cuales los profesionales de la salud), las familias, las comunidades locales, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, las organizaciones representativas de la sociedad civil y el sector de las empresas privadas – tienen una parte de responsabilidad en la realización del derecho a la salud ”.

Definir mejor estas responsabilidades se revela particularmente urgente en el momento que estos actores ejercen sus actividades en países extranjeros o en países en que las estructuras estatales son inexistentes o están en crisis.

Las agencias humanitarias, en particular, tienen plena conciencia del reto. Éstas han buscado, a lo largo de los años, poner en marcha códigos de conducta y mecanismos para incrementar la responsabilidad y la eficacia de las intervenciones directas de los individuos y comunidades afectadas por conflictos y otras catástrofes. Todavía queda mucho por hacer para reforzar los mecanismos de supervisión y control. Así, el 27 de febrero de 2002, se publicó un informe que descubría la explotación y la violencia sexual contra las jóvenes en Liberia, en Guinea y en Sierra Leone. Empleados de ONGs y de agencias de las Naciones Unidas habrían abusado regularmente de las jóvenes menores de 18 años, utilizando como medio de presión los bienes y servicios humanitarios destinados a la asistencia de los refugiados.

En lo referente a las grandes sociedades, no sólo se trata de reforzar las prácticas existentes y todavía muy insuficientes de auto-regulación, sino de conseguir que las multinacionales y las instituciones financieras tengan obligaciones legales y que puedan ser responsabilizadas de las violaciones que acompañan sus actividades económicas o financieras. Éstas deben sobre todo asegurarse de que las políticas o las actividades que pongan en marcha no violen (directa o indirectamente) los derechos humanos.

Por otra parte, y a pesar del discurso hegemónico internacional, hay que defender la acción política de los gobiernos. Si la globalización puede explicar ciertos aspectos de la evolución de la situación de las mujeres en el mundo, en particular en los países menos desarrollados, no explica todo, y seguramente no la dimisión política de ciertos gobiernos, sobre todo en el ámbito de la lucha contra la discriminación. Ésta no explica, por ejemplo, la ausencia de ratificación universal de la Convención contra toda forma de discriminación con respecto a las mujeres y de su protocolo adicional, que permitirá a las mujeres y a las organizaciones no gubernamentales denunciar a un Estado que viole sus obligaciones definidas por la Convención. Ésta no explica por qué sólo ciertos Estados han legislado contra las medidas o prácticas discriminatorias concernientes al derecho de las mujeres a la propiedad, al acceso a la tierra, o al crédito. Ésta tampoco explica por qué la zanja que separa el salario de una mujer escandinava de un hombre alcanza el 17%, siendo el doble en el Reino Unido.

Un análisis de los informes acordados en el marco de la conferencia de balance de Pekín descubre un margen de maniobra política, incluso en ámbitos tan sometidos a las influencias exteriores como el mercado y la protección laboral, y un espacio de acciones políticas que los Estados eligen o no de utilizar. En numerosos casos, no ha habido otra cosa que una abdicación por parte de los Estados de sus responsabilidades. Esta dimisión es flagrante en el ámbito de la violencia.

El derecho de las mujeres a la vida y a la integridad física ha sido liquidado en aras de los temas “importantes” que preocupan a los gobiernos. Ninguna otra violación o injusticia ha sido objeto de tan poca atención y acción. Y un silencio ensordecedor envuelve los miedos y dolores de las mujeres y jóvenes violentadas. Amnistía Internacional aporta cotidianamente pruebas de esta violencia, bien sea en prisión, durante les conflictos armados, en el marco del tráfico de seres humanos o en el seno de la familia o de la comunidad.

Se han registrado algunos “avances” a lo largo de estos últimos cinco años. Se han reformado códigos penales para reprimir más duramente la violencia llevada a cabo por los cónyuges, el proxenetismo, el tráfico de mujeres. Se han lanzado campañas internacionales de sensibilización contra las mutilaciones genitales. Los textos y la jurisprudencia en materia de derechos humanos han evolucionado. El Tribunal penal internacional para la ex-Yugoslavia y Rwanda han emitido actas de acusación basadas en la designación de la violación como una tortura y un elemento constitutivo de una política de genocidio. Gracias al trabajo sostenido del Gender Caucus, el estatuto de la Corte penal internacional, adoptado en Roma en julio de 1998, ha integrado la violencia sexual y en primer lugar la violación en la definición de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Pero estos cambios, por muy necesarios y positivos que sean, no bastan para responder a las cuestiones cruciales puestas, a escala planetaria, sobre la utilización de la violencia sexual como arma de guerra, sobre las brutalidades cotidianas cuyas víctimas son las mujeres, sobre la impunidad de los culpables. La ausencia de campaña de sensibilización sobre la violencia conyugal es como mínimo inquietante. En el Viejo Continente, la petición del Parlamento europeo de declarar un “año europeo contra la violencia hacia las mujeres” no ha sido conseguida, mientras que a la campaña de sensibilización del público a la violencia doméstica, singularmente, le faltó impacto. Por otra parte, la comunidad internacional rechaza en todo momento reconocer la persecución “sexo-específica” como una base legítima para la determinación del estatuto de refugiados, excepto en raras ocasiones.

La persistencia de estas barbaries va acompañada (o se explica) en numerosos casos de una especie de fatalismo o de tolerancia. Así como la división del trabajo entre los sexos es percibida como “natural”, las violencias ligadas al sexo son descritas o percibidas como un estado de hecho inmutable, refractario a todo cambio profundo y que no compromete la responsabilidad internacional de los Estados. No hay nada de eso.

Las obligaciones internacionales de los Estados están fundadas, entre otras cosas, sobre el reconocimiento de que éstas pueden ser consideradas responsables de los abusos que se producen en el ámbito privado. El derecho internacional ligado a los derechos humanos nació en el siglo XIX con los tratados referentes a la trata de esclavos y por lo tanto poniendo la mira en los “particulares”, los Estados suscritos a la obligación de prohibir ciertas de sus artimañas – en este caso, el hecho de poseer esclavos y participar en la trata de esclavos.

Los Estados no sólo deben respetar los derechos de las mujeres, sino también protegerlas y asegurar que todas ellas se puedan beneficiar de sus derechos. Esto necesita diversos tipos de intervenciones, incluidas, pero no exclusivamente, la prevención de los abusos, la protección y el apoyo a las víctimas (apoyo legal, moral, financiero, médico necesario, y en los casos más duros, una protección cercana), la realización sistemática de encuestas sobre los abusos, la persecución de los presuntos autores, juzgar y castigar, y acordar compensaciones financieras con las víctimas, y un acceso a los servicios y a las curas requeridas. Esto requiere la implicación de numerosas instituciones (policía, justicia, sanidad, educación) y medios de comunicación, una reforma del código penal y una formación “ sexo-específica ” para los servicios de policía – en algunas regiones francesas muy urbanizadas, la violencia conyugal representa más de la mitad de las llamadas de urgencia – o para los de la justicia.

Nada puede justificar la persistencia de las discriminaciones y de las brutalidades realizadas contra las mujeres, y la abdicación de las responsabilidades de los Estados no puede ser tolerada. Combatir el sistema de opresión, de discriminación y de persecución basado en el sexo cuesta dinero. Pero esto exige ante todo una voluntad, y ésta parece faltar mucho más que los presupuestos.

Después de varios decenios de investigación en este ámbito, los gobiernos no pueden contentarse con justificaciones. ¿Las mujeres están prácticamente ausentes en los parlamentos, en las reuniones interministeriales, en las conversaciones sobre la paz, en las mesas redondas de reconstrucción? Ah, es porque sus ocupaciones familiares y domésticas las han retenido… Pero entonces ¿dónde han estado los gobernantes los últimos cincuenta años para, de pronto, descubrir que las funciones productivas de las mujeres deben ser tenidas en cuenta? ¿O para preguntarse todavía sobre las causas profundas de la violencia ejercida sobre la mujer? ¿Pasaremos el siglo XXI repitiendo lo que nuestros “ancestros” del siglo XX (y otros muchos antes) ya habían demostrado?

Extraído del suplemento bimestral “Manières de Voir” – “Femmes Rebelles” (abril-mayo 2003) de LE MONDE diplomatique

(*) Agnes Callamard es Directora del Humanitarian Accountability Project, Ginebra

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